La decisión del Gobierno catalán de modificar el plan especial de sequía para dejar en manos de los ayuntamientos la autorización final sobre las piscinas públicas y privadas que podrán abrir este verano ha sido contestada por los municipios. “Este acuerdo es inaplicable; dudamos que se den las garantías legales”. De esta manera rotunda se expresó ayer Eduard Rivas, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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